En La Suprema el agua sabe a cloro
En el mundo, más de 2.000 millones de personas no cuentan con acceso al agua potable. Según estudios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, en Colombia 391 municipios están expuestos al riesgo de escasez de agua y todo parece indicar que muchos más correrán la misma suerte en los próximos años. En el 2020, 14 municipios del departamento de Bolívar declararon el estado de calamidad pública ante la escasez del líquido vital.
En La Suprema, vereda ubicada a escasos minutos del municipio de Marialabaja, Bolívar, el agua no es potable. Llega a las casas por medio de acarreo o mangueras tendidas desde un embalse. Para Julián Ramos, líder comunitario de 50 años, quien lucha por conseguir agua potable para su gente, el gobierno no hace nada para garantizar que el agua sea apta para el consumo humano.
“Hace unos años, un niño cayó cuando fue por su balón al embalse. A los días le comenzaron a salir llagas en la piel e infecciones porque el agua no es potable y ahí van a parar los residuos de una planta de tratamiento que la succiona. Entonces quién toma agua directamente de ahí está expuesto a morir, son aguas muy peligrosas”, advierte.
Nisley Contreras, de 38 años, ha vivido desde su infancia en la vereda. No sabe lo que es vivir con agua corriente y jamás ha bebido agua mineral.
“El agua sabe a cloro”, dice Contreras. “Vivimos con el agua del embalse que mis hijas y yo acarreamos. Sabemos que el agua contaminada enferma y más a los niños”, agrega.
Pese a la contaminación del agua, los niños suelen nadar en el embalse. Foto por: Jose Ignacio Estpiñan
Condenados a vivir sin agua
De acuerdo con la investigadora Irina Junieles, el poblado de 69 familias fundado hace más de 25 años por campesinos que llegaron al lugar huyendo de la guerra, cuenta con numerosos ojos de agua dulce y potable que es apta para el consumo después de haber sido filtrada.
Sin embargo, tras la desmovilización del llamado Bloque Héroes Montes de María, se aceleró el cambio en el uso del suelo y de los recursos naturales, pasando de plantaciones tradicionales de arroz, frutas, plátano, yuca y maíz, a grandes monocultivos, como lo indican estudios que muestran que, entre 2006 y 2015, el área cultivada con palma de aceite en el municipio de Marialabaja creció 224%, pasando de 3.400 a 11.022 hectáreas.
A partir de esto, los caminos que permitían a la comunidad el acceso rápido a arroyos y fuentes de agua fueron cooptados; el espacio para sembrar se encogió porque las tierras empezaron a ser compradas por grandes empresarios del suelo para su explotación; los pocos ojos de agua de libre acceso comenzaron a “saber raro”; se dio mortandad de peces en el embalse y aparecieron enfermedades en la población que afectaron de manera especial a niños, niñas y adultos mayores.
Marlene Ramos, de 63 años, es madre de pescadores. Ella ha pertenecido a la comunidad desde su fundación. Según ella, “las plantaciones de palma y la planta de tratamiento afectaron mucho al embalse. Ya casi no se ven peces, antes vendíamos bastante pescado a la orilla de la carretera, pero ahora los peces no crecen mucho y la gente no nos compra porque dicen que están contaminados”. Para los habitantes de La Suprema, la contaminación del embalse ha diezmado la presencia de mojarras loras y amarillas, barbules y corbatas, antes muy apreciados por la gente.
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Las afectaciones
Según Junieles, algunos de los daños que ocasiona ingerir agua contaminada fueron descritos por habitantes de la comunidad en una acción popular presentada en 2011, en la que denunciaron la muerte de 7 menores de edad por causas asociadas a problemas gastrointestinales. Como prueba aportaron estudios de las fuentes de agua que mostraban las pésimas condiciones que la hacían no apta para el consumo humano.
“En enero de 2014, el Tribunal Administrativo de Cartagena dictó sentencia en contra del Municipio de Marialabaja y a favor de La Suprema, en una decisión que extiende sus efectos a todo el municipio. La orden fue garantizar agua potable en un plazo máximo de 24 meses, y medidas transitorias que lleven el líquido a La Suprema”, añade. Hoy en día, son limitados los avances que se han hecho en la implementación del acueducto, razón por la cual deben recurrir a dos motobombas comunitarias que, además, suelen averiarse continuamente.
Julián vive con su madre, un par de hermanos y sobrinos. Para almacenar el agua aprovechan envases de garrafones de 20 litros. Cuando es temporada seca y se produce mortandad de peces, deben comprarla. “Para esos tiempos pasa un camioncito que vende los garrafones, o hay que ir hasta Marialabaja para comprar en las tiendas. En la tienda lo venden a 5.000 pesos y el camión lo da a 4.000 pesos, pero esa agua tampoco es potable”.
Según Julián, en ocasiones el agua de los camiones llega negra, con residuos, con color hierro oxidado. Deben pasar “tres o cuatro horas mientras se sienta para que se ponga clarita. Ahí sí la puede tomar uno”.
Julia recuerda que desde la llegada de la planta y la apertura de la siembra de palma a gran escala, el problema que ya tiene más de 10 años, se ha acrecentado. “El Gobierno y las autoridades siempre han sabido sobre este problema, saben que esta agua no se puede consumir, y no hacen nada” concluye.
Julián y María Ramos, habitantes de La Suprema. Foto por: Jose Ignacio Estupiñan
Cifras y contradicciones
Pese a la vasta extensión de fuentes hídricas que recorren el país desde el norte hasta el sur, la gestión del agua en Colombia, sigue debiéndole a más de 300 municipios, la posibilidad de acceder a los servicios básicos sin limitaciones.
Según cifras del gobierno del expresidente Ivan Duque, en el país el 93% de la población ya cuenta con agua. Sin embargo, la realidad en algunas regiones contradice las cifras oficiales.
Según una investigación de Datarepública sobre el estado de la calidad del agua en Colombia, departamentos como el Chocó, Huila, Nariño y Bolívar están en alerta máxima debido a los numerosos retos derivados de los parámetros del agua apta para el consumo humano.
