Paraisos del despojo
Más de 30 islas conforman el archipiélago de Islas del Rosario ubicado a solo 20 minutos de Cartagena. Isla Kare, conocida en la actualidad como Bocachica, Tierra Bomba y Caño del oro, se suman a la riqueza insular de La Heroica que hoy se disputa una triada de familias adineradas de Colombia.
Durante las dos últimas décadas, el territorio insular en Cartagena se ha convertido en el sitio de veraneo preferido por las figuras jet set de Colombia y el mundo.
La llegada de ambiciosos proyectos inmobiliarios impulsados por una industria turística que previo a la pandemia no paraba de crecer, ha convertido a este conjunto de islas en destino obligado para los más de 2 millones de turistas que, en promedio, visitan Cartagena año tras año.
Sin embargo, detrás de una industria próspera que aporta cerca del 70% del PIB local, según las últimas cifras de Corpoturismo, en las islas de Cartagena se esconden las historias de un despojo sistemático y silencioso a través del cual se ha proscrito a las comunidades originarias.
La expropiación de los espacios de poder y explotación económica del archipiélago y otros territorios como Tierrabomba, ha relegado a un papel secundario a raizales e isleños.
“La playa que ha sido concesionada es de nosotros, fuimos nosotros quienes la fundamos. No vamos a permitir que nos saquen de la tierra que nos pertenece, nosotros somos dueños de esto”, así se expresaba Morbil Rocha, un vendedor nativo de la zona, tras conocer que el estado colombiano había firmado una concesión que entregaba poco más de 1 kilómetro de playas a un grupo de particulares en el año 2014.
La participación del estado colombiano en el despojo de las comunidades insulares de Cartagena ha estado a la orden del día. Desde la puesta en marcha del Plan Nacional de Turismo del Caribe realizado en los años 70, se modificó drásticamente la propiedad de Barú, ocasionando así la destrucción progresiva de la titulación colectiva.
Al respecto, uno de los casos más conocidos, es el del predio ‘Los Pantanos’, del cúal, se supo que el Tribunal Superior de Cartagena llevó un litigio entre el Estado y los nativos, que terminó en la concesión del título de propiedad a Lucía Alvarado Pacheco, originaria de Isla Barú. No obstante, el pasado 20 de enero del 2021, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tumbó el fallo del Tribunal Superior de Cartagena, lo que abre la puerta a la llegada de nuevos proyectos hoteleros y turísticos.
El caso de “Los pantanos” no es el único que ha suscitado revuelo en la opinión pública nacional. La Hacienda Santa Ana, predio comprado por 97 comuneros en 1887, pasó a manos de grupos económicos como Argos, Los Santodomingo y Los Echavarría, aún cuando la propiedad no podía venderse al ser un predio de titulación colectiva. En este entramado, se presume que hubo participación de servidores públicos y dirigentes políticos de la región.
Curiosamente, los apellidos y empresas que más aparecen en los casos que se relacionan con despojos y compras masivas de tierras en Barú son: Santodomingo, Echavarría, Ochoa, Obregón, Bavaria, Argos, Grupo Corona y el Sindicato Antioqueño.
Producto de la especulación económica de los últimos años, los habitantes de Barú, quienes históricamente habían poblado las costas y ejercían la pesca y la agricultura como actividades económicas, hoy viven atrapados en el corazón de la isla.
De hecho según un artículo publicado por El Tiempo en 1996, “el precio de la tierra en Barú se disparó desde agosto de 1994 cuando la Corporación Nacional de Turismo se asoció con Malterías Bavaria y Echavarría Obregón para construir un área turística de 550 hectáreas, con inversiones por 100 mil millones de pesos”.
“Aquí si no te vas producto de la ausencia de garantías para el desarrollo de una vida digna, te vas porque viene alguien que, ante la necesidad, te hace una oferta “cuantiosa”, y prácticamente te ves obligado a salir del lugar que te vio nacer”, comenta Marcelo Noriega, estudiante de último semestre de Biología de la Universidad de Cartagena, quien ha vivido desde que tiene memoria en la isla Tietra Bomba.
El despojo sistemático de poblaciones afrodescendientes como ha sucedido en la Boquilla, Marlinda, Barú y Bocachica, se ha consolidado a través de una narrativa que antepone progreso al derecho histórico de los verdaderos dueños de estas tierras.
Desde el uso de grupos paramilitares hasta la compra masiva de terrenos avalados en los estrados judiciales en contra de los derechos de tierra colectivos adquiridos en el siglo XX, han servido como recursos para naturalizar el despojo de los habitantes de islas como Barú.
A esto se le suma la precariedad y la carencia con que han sido signadas las vidas de los negros en la periferia insular. El abandono del estado frente a la ausencia de garantías básicas como el derecho a la educación, la vivienda digna, el saneamiento básico o el trabajo, han contribuido a que hoy, impunemente, las islas en Cartagena sean paraísos del despojo.
Mar abierto enTierra Bomba, Cartagena, Colombia.
